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EL DECALOGO DE LA PGR Y LOS CARTELES

El 5 de noviembre del 2014, Jesús Murillo Karam entonces Procurador General de la República dijo ante los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa “Ya estoy cansado de tantos regaños, de que me estén reclamando que no hago bien mi trabajo“ y argumentó que solo cuenta con 1,500 policías y 10,000 soldados para hacerlo, las notas periodísticas dijeron que el Comisionado Nacional de Seguridad Monte Alejandro Rubido “dijo lo mismo”. 

La PGR de acuerdo con los datos del presupuesto de egresos 2014 es una entidad centralizada con 30 mil funcionarios, de los cuales la inmensa mayoría son funcionarios administrativos. La suma de todas las fuerzas de policías federales, incluso fuera de la PGR no llegan a 8 mil en toda la república, lo cual es una cantidad raquítica, precaria, insignificante, minúscula y por eso ocurre en este país de 120 millones de habitantes, lo que está ocurriendo. 

A esos 8 mil agentes les compete combatir a los 7 grandes carteles: Los del Golfo, los Zetas, la federación de Sinaloa, el del Pacifico Sur, el de Juárez, el de Jalisco nueva generación y los caballeros templarios que andan por ahí agazapados. Cualquiera de esos carteles tiene más capacidad de fuego que los policías federales. 

Por eso la PGR y los carteles han llegado al acuerdo "de facto", que se expresa en la siguiente frase: “No te voy a combatir y menos a investigar, a cambio solo debes controlar "a tu gente" para que no haga desmanes innecesarios, pero si por alguna razón te detienen y no te mochas de inmediato, te vamos a procesar"

Este arreglo funciona de maravilla a nivel federal y a nivel local, que se rige por el siguiente: 
DECALOGO
 1.- Cualquier delincuente debe "arreglarse" con quienes lo detienen antes de que sea entregado en las oficinas de la PGR. Si el delincuente tiene la mala suerte de haber sido entregado por el ejército, entonces nada evitará que sea consignado ante el Juez de Distrito;
2.- Las oficinas de los agentes federales son intocables para los carteles, no pueden ser atacadas por los carteles. Los agentes federales serán respetados en su integridad física siempre y cuando porten su uniforme, pues aquel que no lo utilice será considerado como miembro de un cartel enemigo;
3.- Los agentes federales no favorecerán a ningún cártel en las guerras que entre estos se celebren. En momentos de guerra los federales no deben realizar detenciones de la tropa criminal que se enfrentan a otros carteles y no están preparados para arreglarse con los federales;
4.- En caso de que los agentes federales o el ejército intercepten a un comando armado de algún cartel, este deberá rendirse sin disparar, en caso de que disparen entonces podrán ser abatidos sin que por ello existan represalias;
5.- Los agentes federales respetarán y no intervendrán en los acuerdos que los carteles celebren con las autoridades locales, gobernadores, presidentes municipales, policías municipales o estatales o militares de cualquier rango;
6.- Los agentes federales no divulgarán la información que posean sobre los carteles, su estructura, sus mandos, su capacidad de reacción, ni sobre sus zonas de actividades, ni sus rutas para transportar drogas;
7.- Los agentes federales no informarán a las autoridades locales datos que puedan ayudar a estas a descubrir a los autores de asesinatos relacionados con la guerra entre carteles o con ajusticiamientos de sus miembros;
8.- Quedan exceptuados de este acuerdo, los asesinatos y secuestros de personalidades socialmente apreciadas, así como las detenciones solicitadas y dirigidas por agentes policiacos de la DEA o de cualquier organismos o policía internacional.
En todo caso los agentes federales avisarán, si es posible, a los carteles de estas acciones contra ellos;
9.- Es obligación de los carteles proporcionar mensualmente un cierto número de “chivos expiatorios” o delincuentes menores con amasijos de drogas o armas suficiente en cantidad y cualidad para ser procesados formalmente y mejorar las estadísticas de la lucha contra la delincuencia organizada;y,
10.- Los carteles, a través de sus bandas tributarias otorgarán una compensación anual a las áreas operativas de las autoridades federales que corresponda a su radio de acción. 
Estos son los diez mandamientos de la PGR a los criminales de México, cumpliendolos es posible que una fuerza policiaca tan pequeña puede controlar más o menos la criminalidad, y a la vez permite que los funcionarios de la PGR se enriquezcan hasta el envilecimiento. 

Por Antonio Limón López
Teoría Política del Estado criminal mexicano. 

UN GOBIERNO ACOBARDADO

México se encuentra inmerso en un profundo pozo de desprestigio, las autoridades nacionales han perdido toda credibilidad ante el pueblo de México, y en sus relaciones exteriores el estado mexicano cumple un papel indigno: el correspondiente a una república bananera. Si lo duda, veremos dos casos de miedo mas alla del decoro
El primero es el episodio de hace unos años, en que la señora Florence Cassez fue liberada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un acto oprobioso, no de injusticia, sino de cobardía, pues las autoridades galas estaban dispuestas a exhibir mundialmente la cloaca del sistema hipercorrupto e ineficiente de la justicia mexicana, si no liberaban a la cautiva. 
No habría necesidad de tanto, ¿Para qué enojarse? La suprema Corte ante el riesgo de ser exhibida mundialmente y quien sabe hasta que punto, inventó un recurso inexistente y sin precedentes para liberar a la criminal francesa, que ahora desde París se mofa de nosotros, mientras sus cómplices mexicanos se pudren en la cárcel… solo por ser mexicanos, que si fueran franceses ya estarían tomando champagne y planeando otro "golpe".
Por desgracia no es el único caso, el 31 de marzo de este 2014 el marino norteamericano Andrew Tahmooressi ingresó a México portando un rifle calibre 5.56, una escopeta calibre 12, y una pistola calibre .45 y más de 400 rondas de municiones, lo ncesario para armar una pequeña revolución o engrosar su cuenta de banco con una bonita suma al vender sus juguetes a la delincuencia mexicana. 
El administrador central de la Aduana de Tijuana comentó a la prensa, en esos días, que las armas encontradas a Tahmooressi no estaban en un contenedor, fuera de alcance, o descargadas, como lo requieren las leyes de California. Incluso en Estados Unidos su conducta habría sido ilícita. "Todas venían envueltas en sus pertenencias, su ropa, y en un cobertor", dijo el funcionario público. 
El rifle fue encontrado atrás del asiento del conductor; la escopeta, en el asiento del copiloto; y la pistola, en un compartimiento de la puerta del conductor, junto con varios cartuchos. Una hora después de ser detenido, llamó al 911 simulando que estaba en ese momento ingresando a México y pidiendo auxilio. 
El mentiroso fue remitido a la Procuraduría General de la República en Tijuana, donde lo consignaron, no había de otra, fue consignado ante el Juez Sexto de Distrito, en su oportunidad se decretó formalmente preso por el delito tipificado en la “Ley federal de armas de fuego y explosivos” que a la letra dice:
“Artículo 83.- Al que sin el permiso correspondiente porte un arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, se le sancionará: I. …; II. ..., y III. Con prisión de cuatro a quince años y de cien a quinientos días multa, cuando se trate de cualquiera de las otras armas comprendidas en el artículo 11 de esta Ley. En caso de que se porten dos o más armas, la pena correspondiente se aumentará hasta en dos terceras partes. ….”
Dos de las armas que portaba Tahmooressi se encontraban catalogadas como de “uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea” por el artículo 11 de dicha ley, como de manera puntual se demostró pericialmente.
La defensa se fundó en tres ejes, el primero en que hubo retraso entre el momento en que fue detenido y en el que fue puesto a disposición del Ministerio Público, el segundo, en el alegato de que Tahmooressi se confundió, pues según su dicho, se dirigía a un restaurante en San Ysidro y se perdió, por lo que cruzó accidentalmente la frontera y por último que no viajó a México para vender sus armas a la delincuencia, pues nunca las dejaría, ya que tiene estress postraumático y se siente cazado por el enemigo, así que siempre anda armado porque teme por su vida.
Tan linda defensa estaba condenada al fracaso, la historia de la llamada al 911 y sus intenciones supuestas de ir armado con el arsenal al alcance de la mano, y las supuestas violaciones menores, así como sus temores no eran suficientes para salir absuelto. En ese caso nadie estaría en prisión por ese delito. 
En Estados Unidos el caso Tahmooressi se convirtió en un evento explotado por los medios de comunicación, los políticos y las celebridades. Una página en Facebook logró conseguir 10 mil firmas, de las 100 mil necesarias para que el Presidente Obama interviniera para liberarlo; Duncan Hunter pidió en el Congreso de California que se organizara una expedición armada para rescatar al marino “que sirvió honorablemente a su país en Oriente Medio y lo menos que merece es que este le corresponda” 
Todos los días decenas o cientos de mexicanos son detenidos con armas “de uso exclusivo del ejército”, y todos van a prisión. Si el procesado es detenidos con solo un arma, es condenado a cuatro años y se le concede el beneficio de la condena condicional, para que pague una multa y salga en libertad, pero Tahmooressi fue atrapado con tres y con municiones, incluso alojadas dentro del armamento, por lo que a los cuatro años se les tendrían que agregar dos terceras parte más, como lo indica el delito ya transcrito, para quedar en seis años, seis meses con lo cual se tendría que quedar a compurgar la pena.
Tahmooressi fue tratado como un privilegiado, no se le pusieron las esposas y tampoco fue trasladado a la prisión del Hongo, a donde se llevan a los procesados por ese mismo delito aun antes de que sean sentenciados. También alegó que temía ser agredido o incluso violado en las prisiones mexicanas. 
Su defensa iba rumbo a una sentencia severa, pero de manera extraordinaria, porque nunca ocurre, ni aun en los casos de inocencia flagrante, el Agente del Ministerio Público presentó conclusiones "no acusatorias", por lo que el Juez debió enviar el expediente al Procurador General de la República, con apego a estos dos dispositivos legales:
“Artículo 294.- Si las conclusiones fueren de no acusación, el juez o tribunal las enviará con el proceso al Procurador General de la República, para los efectos del artículo 295. …. Artículo 295.- El Procurador General de la República o el Subprocurador que corresponda .. resolverán, si son de confirmarse o modificarse las conclusiones. …” 
De esta manera el Juez Sexto de Distrito no tuvo ni siquiera que molestarse en revisar el expediente, pues al formular conclusiones no acusatorias, la fiscalía se desistió de la acción penal. Los jueces son el hierro para los mexicanos y los desistimientos son el privilegio para los extranjeros. ¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo?
Por desgracia esta no es una solución "limpia" sino que es un acto aberrante por parte del Procurador General de la República. Este desistimiento demuestra que México tiene un gobierno timorato y a un procurador acomodaticio y calculador, que se arrodilla ante los poderosos y fustiga sin piedad a sus connacionales. 
Esta cobardía ya natural de nuestras autoridades, desencadena el estado de inseguridad jurídica que padecemos, pues ante cualquier presión nuestro gobierno se doblega y todo mundo ya lo acepta como algo normal

Por Antonio Limón López
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SE RECIBEN DONACIONES


Desde 2013 se sabía que la familia formada por el Presidente Enrique Peña Nieto y su esposa la Sra. Angélica Rivera, estaban construyendo su casa, así lo anunció orgullosamente el arquitecto Miguel Ángel Aragonés a cargo del proyecto, al ser entrevistado por Alberto Tavira, en el programa “Los Despachos del Poder”, de TV Azteca. 
Sin embargo fue hasta finales del 2014 con la conclusión de la “Casa de la Palma” y la publicación de la misma en la revista frívola Hola que la Sra. Angélica Rivera de Peña aceptó que la mansión es parte del patrimonio conyugal. En unas cuantas horas la mansión residencial cautivó a los mexicanos acostumbrados a vivir en viviendas minúsculas e insalubres, la casa dejó anonadados a los mexicanos por los gustos de nuestro presidente, quien por alguna razón que a los psicoanalistas compete desentrañar, gusta de la monumentalidad como se aprecia en esta casa basada en líneas muy rectas y de ángulos muy marcados, en la que predominan los muros y las formas contundentes.
Han pasado días desde que se divulgaron los detalles un tanto chocantes: El precio orbita los 80 millones de pesos, exactamente el total de sueldos percibidos y por percibir del Presidente de la República durante doce años, esto sin pagar impuestos y sin comprarse ni un paquete de chicles. Agravia que las empresas involucradas en la compra y construcción del predio y de la obra estén vinculadas a nuestro presidente, Grupo Higa e Ingeniería Inmobiliaria del Centro. Sobre esta relación de conveniencia se acumulan largos y precisos datos de accionistas, así como concursos “ganados” por Higa durante el sexenio del entonces gobernador Peña Nieto, y sin embargo, ante tales afirmaciones el presidente nada ha dicho, nada ha negado, nada ha desmentido, nada ha rectificado o aclarado, nada, simplemente nada.
Por desgracia es algo que confirma hábitos bien arraigados, durante su campaña el entonces candidato del PRI dijo que daría a conocer el total de su fortuna personal y la fuente de sus ingresos, y lo hizo el 15 de enero del 2013 (Siga este enlace para ver la declaración hecha entonces), la cual muestra sus bienes muebles e inmuebles como producto de donaciones anónimas, pero incumplió porque tampoco proporcionó el valor de dichos bienes.
Aquellas donaciones fueron hechas convenientemente entre el momento en que abandonó la gubernatura del Estado de México y el momento en que fue designado candidato presidencial de su partido, al que por cierto, no incluyó en su patrimonio. En aquella ocasión tal cual ahora sucede, la sociedad se quedó pasmada porque su presidente fuera beneficiado en su patrimonio personal con anónimas donaciones, esto en un país donde este tipo de generosidad tiene un alto precio en favores y sin embargo, el presidente no volvió a mencionar el tema, ni nadie más.
Imagino que el presidente Enrique Peña Nieto no tiene la mínima intención de negar la generosa donación habitacional, supondría separarse de un patrimonio muy valioso ¿Y a cambio de qué? De nada, sabe que en el fondo los mexicanos aceptamos que nuestros políticos se enriquezcan y ninguno de ellos renuncia a nada, ni Vicente Fox que juró cancelar la partida para los ex presidentes lo hizo, e incluso construyó edificaciones en su rancho con el Erario nacional; por su parte Felipe Calderón no renuncia a su “beca”, no obstante que recibe la jugosa pensión presidencial. Nuestros políticos no perdonan un centavo, por ello ni Gustavo Madero, ni Navarrete han criticado la donación, en cambio si lo hizo López Obrador (y en este enlace puede ver su opinión sobre esa adquisición).
Al regreso de la gira en oriente, y ante la presión de la opinión pública mundial, el 18 de noviembre el presidente exigió (con el rostro desencajado) a su esposa, ante las cámaras de televisión, que explicara cómo adquirió la suntuosa mansión en que ambos viven, ahora sabemos que es de ella, y ese mismo día en el programa de López Dóriga, la señora Angélica Rivera de Peña, expuso que ella es la propietaria y que adquirió la casa gracias a las regalías que le pagó Televisa como consecuencia de la conclusión de su contrato de exclusividad, en ese momento ella precisó: 
En mi declaración fiscal de 2010, año en el que celebré el convenio de terminación con Televisa, declaré ante Hacienda ingresos por la cantidad de 131 millones 690 mil pesos y pagué por impuestos en ese año la cantidad de 39 millones 278 mil pesos. 
 En lo referente a la casa, ahora popularmente conocida como la “Casa Blanca”, la señora aclaró: 
El total del precio de la compra-venta fue 54 millones de pesos a un plazo de ocho años, con un interés de 9 por ciento. Al día de hoy he pagado un total de 14 millones 343 mil 555 pesos.
Con esto la reacción nacional apreciada en las redes sociales fue de mofa, pues la actriz Angélica Rivera nunca destacó, ni siquiera en el pobre medio artístico de Televisa. Se dijo que si esa casa era producto de su trabajo en la televisora, entonces “Chabelo” por sus "cientos" de años trabajados en la misma empresa al menos le alcanza para el Taj Mahal y a Roberto Bolaños “Chespirito, para el Palacio de Versalles.
Se confirma la fortuna extraordinaria del ciudadano Enrique Peña Nieto, a quien las donaciones le caen de todos lados, sin que él pueda hacer nada para evitarlas. Es una nueva versión del Rey Midas.

Por Antonio Limón López. 
Aclarando las donaciones en favor de Enrique Peña Nieto 

TEORÍA POLÍTICA DEL ESTADO CRIMINAL MEXICANO.

Los hechos saltan a la vista, aun queriendo ignorarlos están ahí: la Suprema Corte de Justicia en una resolución de excepción acepta un recurso inexistente y libera a la secuestradora Florence Cassez, pero el fallo no favorece a sus cómplices mexicanos; el atemorizado Procurador General de Justicia de la República Jesús Murillo Karam se desiste de la Acción Penal contra el marino norteamericano Andrew Tahmooresshi, para evitar la sentencia severa del Juez Sexto de Distrito en Tijuana. La Procuraduría General de la República “atrae” casos federales, lo que implica que los había abandonado. Autodefensas civiles en Michoacán liberan al estado de la tiranía de una banda criminal; un alcalde en Guerrero ordena la desaparición de 43 estudiantes normalistas y encuentran cientos de cuerpos en fosas buscando a los estudiantes. 
Ni las autoridades federales, ni las estatales enfrentan a la Delincuencia Organizada que comete delitos federales y locales. El ejército es habilitado como policía sin conocer los procedimientos penales, ni las garantías individuales, ni tener preparación para hacer investigaciones entre los civiles, solo saben matar. Los jueces penales sentencian culpables a los pobres, la PGR es una pequeña organización ineficaz y corrupta de extorsionadores y la DEA comanda las operaciones de captura que le interesan. Alcaldes y jefes de policía municipal se asocian con los delincuentes en todo el país y las autoridades federales hacen exactamente lo mismo. Los políticos de todos los partidos se reparten el Erario nacional cual si fuera un botín. 
La delincuencia goza de impunidad por parte de las autoridades de todo tipo, y la sociedad vive aterrorizada entre sus autoridades y las bandas delincuenciales. Los carteles prosperan y crecen en número de miembros y colaboradores, diversifican sus actividades y se encuentra entrelazados con las funciones naturales del Estado. En su actual etapa de desarrollo la delincuencia se constituye como una confederación donde los carteles hacen la función de estados, que existen en paralelo a la anquilosada estructura política centralizada del Estado mexicano. Solo ciertas regiones urbanas se encuentran relativamente a salvo de los carteles y esto por estrategia de los delincuentes, no por la acción disuasiva del poder público.
Frente a la evolución de los carteles, el estado de derecho languidece, el régimen de derechos humanos es apenas una bandera demagógica que ondean sus deturpadores, la economía marcha en reversa, los ricos se van al extranjero, rematamos nuestras riquezas como el petróleo, la plata, el cobre, la pesca, todo. Una legión de académicos vienen por las chambas, las pluris, los privilegios y todo, todo es una simulación. A contrapelo y con gran éxito la sociedad criminal, por medio de sus carteles ha impuesto su modelo político, y lo han hecho con tal eficacia que aislaron totalmente a los factores positivos que aún perseveran en el país.
Mientras el estado mexicano es centralista y autoritario, el estado mafioso mexicano es una confederación de organizaciones criminales autónomas, que actúan localmente y que tratan a las autoridades federales de la misma forma que a las locales, sobornándolas, amenazándolas, premiándolas. El simil perfecto del estado mexicano consiste en compararlo como a un elefante lento, pesado y vegetariano, en tanto que el estado delincuencial es ágil como un depredador letal.
En el estado mexicano reinan los negociadores, se erige sobre el principio de compartir los bienes y riquezas nacionales entre una reducida clase política, formada por los peores ejemplares de la especie humana: los líderes de los partidos políticos mexicanos y sus aliados empresariales; en tanto el estado mafioso se erige sobre principios opuestos, el de la competencia plena e ilimitada para apropiarse de la mayor cantidad de bienes y riquezas posibles, es altamente meritocrático y solo triunfan los mejores. 
En tanto los partidos políticos van a las elecciones no a competir sino a compartir, para ello gozan de varios sitemas como el de diputados y senadores plurinominales, de las designaciones de candidatos o dedazos, y de pactos o alianzas para que todos se apropien del mismo botín, compartiéndolo de espaldas a la sociedad; a diferencia de los carteles que compiten y no comparten, aquel que cede o carece de aptitud o de ferocidad, pierde, es aniquilado por sus competidores y desaparece.
El estado criminal más que federalista, es confederado, pues cada cartel por pequeño que sea es totalmente independiente, sin que esto implique que carezcan de medios de colaboración ocasionales para sobornar a las autoridades o para establecer rutas, zonas de seguridad, o negocios diversos. Por su parte el estado centralista mexicano ha llegado al punto en que es incapaz de conseguir la colaboración de las autoridades locales o de sus mismos funcionarios. Las autoridades federales una vez insertadas en la realidad local de las comunidades a que son destinadas, son incorporadas a los carteles, exactamente como las autoridades locales.
Sin enemigo al frente, los carteles se han transformado de simples delincuentes a autoridades políticas. Cuando el negocio del trasiego de drogas resultó complicado o muy competido, entonces los carteles se dedicaron a actividades paralelas, como el secuestro y la extorsión, esta en particular fue llevada a limites extremos. En Michoacán se llegó a imponer a practicamente todos los residentes el “Derecho de piso”, con mayor eficacia que la que exhibe el Sistema de Administración Tributaria para cobrar impuestos “legítimos”, todo tendero, comerciante, profesionista tenía que pagarlo y lo pagaban.
El derecho de piso se extiende como si fuera un impuesto ordinario a toda la república, en especial en las comunidades rurales y pequeños municipios, de manera que las autoridades locales estan obligadas a negociar con los criminales y de ahí en adelante todo vien por lógica consecuencia. Pero no basta el derecho de piso, en Michoacán los carteles evolucionaron hasta convertirse en administradores de fincas aguacateras, limoneras y de todo tipo, substituyeron a los propietarios en sus negocios. Se apropiaron de las minas de hierro y de la aduana marítima de Lázaro Cárdenas, desde donde exportaban productos agrícolas, minerales y drogas y en pago recibían del exterior, los precursores para producir anfetaminas, dinero, armamento, vehículos robados y otras drogas.
Ahora sabemos que el estado mexicano en algún momento decidió compartir el poder con los carteles, virtualmente se repartieron al país, el gobierno central se reservó las grandes capitales: el D.F., Guadalajara, Acapulco, Monterrey, Puebla, León, etc. y el México rural y las ciudades medias y pequeñas quedaron en manos de los carteles. La clase política se retrajo a las capitales, donde vive en sus amurallados castillos y viven de la exportación petrolera y de los impuestos pagados por los causantes cautivos. Desde la capital se mantiene a los voceros y delegados en los estados, a los gobernadores y alcaldes que sirven a Dios y al diablo.
El caso de los jóvenes de Ayotzinapa, exhibe la intima cohabitación entre autoridades oficiales y su contraparte, el éxitoso Estado Confederado de Carteles mexicano. Existe solución, pero definitivamente no está en manos de nuestra desnaturalizada clase política, no en sus alianzas y no en sus pactos de opereta. 

Por Antonio Limón López
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