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MANDO ÚNICO

La primera medida del catálogo propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto, el 27 de noviembre de este 2014, consiste en desaparecer a las fuerzas policiacas dependientes de la autoridad municipal, para lograrlo tendrá que reformar al emblemático artículo 115 constitucional, que en su base III, inciso H, dice: 
 “III.- Los municipios, con el concurso de los estados cuando así fuere necesario y lo determinen las leyes, tendrán a su cargo los siguientes servicios públicos: A).. (Hasta) G).. H) Seguridad pública y tránsito”
Previsiblemente la reforma consistirá en modificar el inciso H, para quedar como sigue:
“III.- Los …. (Sin reforma): A).. (Hasta) G).. (Sin reforma) H) Seguridad pública y tránsito, bajo el mando y dirección de la autoridad estatal.” 
Esto conservará sin modificación alguna el esquema de asignación de recursos, pero pondrá el mando policiaco en manos de las autoridades estatales, generalmente en manos de una Secretaría de Seguridad Pública Estatal. 
La reforma se debe a que para las autoridades federales y para los medios de comunicación a su servicio, son los municipios los únicos causantes del estado de zozobra e inseguridad que padece el país, como consecuencia de las actividades de los seis carteles nacionales y de sus subsidiarias criminales en los municipios del país. 
El presidente promueve el discurso de que los jefes policiacos municipales son la parte corrupta e ineficiente del sistema de combate a la delincuencia en México, sin embargo este discurso es absolutamente falso. 
Es cierto que en los municipios medios y pequeños, se resiente directamente la violencia criminal, simplemente porque todo el territorio nacional está cubierto, centímetro a centímetro, de municipios y es imposible que los carteles actúen fuera de los municipios, excepto cuando actúan en el mar territorial o en el espacio aéreo nacional, pero en cuanto pisan suelo continental, están en un municipio. 
Las autoridades municipales hacen lo que pueden, pues sus recursos económicos, municipio por municipio, son insignificantes para combatir a los carteles y a sus subsidiarias locales, así que hacen lo mismo que la PGR con los carteles, tolerarlos y no enfrentarlos abiertamente. 
La gran ineficiente y despilfarradora es la Procuraduría General de la República, que cuenta con recursos por 17 mil 288.2 millones de pesos, de los cuales el 94.4 % corresponde al gasto corriente (sueldos), para alimentar a 30 mil funcionarios de los cuales solo 1,500 (Mil quinientos) son policías federales ministeriales, lo que significa que cada policía efectivo nos cuesta $ 11’333,525.53 (Once millones trescientos treinta y tres mil pesos con quinientos veinticinco pesos 53/100) al año, cuando en realidad los agentes tienen sueldos pésimos, pues todo el dinero se va para los altos funcionarios políticos, y una burocracia corrupta hasta la médula. 
El nuevo esquema de “Mando único por estado” no va a cambiar absolutamente nada, pues el mal crónico se encuentra en la PGR y no en los atribulados municipios, ni en los estados de la república. ¿Acaso el gobernador Ángel Aguirre no era cómplice y coautor del acuerdo que todos los municipios y el mismo estado de Guerrero tenía con el hampa? ¿Qué diferencia habría hecho que el jefe policiaco de Iguala o de Cocula hubiera sido un comandante corrupto municipal o estatal?

Por Antonio Limón López

EL DECALOGO DE LA PGR Y LOS CARTELES

El 5 de noviembre de este 2014, Jesús Murillo Karam Procurador General de la República dijo ante los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa “Ya estoy cansado de tantos regaños, de que me estén reclamando que no hago bien mi trabajo“ y argumentó que solo cuenta con 1,500 policías y 10,000 soldados para hacerlo, las notas periodísticas dicen que el Comisionado Nacional de Seguridad Monte Alejandro Rubido “dijo lo mismo”. 
No comentaré lo del cansancio, ni lo de los regaños de los que se queja el procurador, pero que ya inspiraron a uno de los reclamos mediáticos más sobresalientes en las redes sociales, el #YaMeCanse, sino solo me referiré al dato aportado por el procurador sobre los efectivos policiacos con los que cuenta la Procuraduría General de la República (PGR): 1,500 policías. 
La PGR de acuerdo con los datos del presupuesto de egresos 2014 es una entidad centralizada con 30 mil funcionarios, de los cuales la inmensa mayoría son funcionarios administrativos y abogados que cumplen el papel de agentes del ministerio público, que son los que llevan los juicios en los juzgados y tribunales federales del país y un cuerpo de peritos, dejando apenas un puñado de puestos para la Policía Federal Ministerial investigadora, que es a la que se refiere nuestro agobiado procurador.
En cuanto al Ejército este es preparado para defender al país en caso de una invasión enemiga y para auxiliar a la población en caso de desastre, ningún militar es preparado en derechos humanos, ni en garantías de los procesados ni en técnicas de investigación policiaca, son militares cuya misión es arrasar al enemigo en cuanto lo tenga a la vista. El ejército como fuerza de policía es lento, pesado, fuerte y sin sutileza, ni finura intelectual alguna, es una máquina para recibir órdenes y ejecutarlas a punta de cañón. Es seguro no solo existe una Tlatlaya en su historia. 
Las fuerzas policiacas a cargo del Comisionado Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, son ex militares y policías de escasa o nula preparación, que son la “fuerza de choque” de los cuerpos policiacos federales. La razón para que exista esta fuerza policiaca al servicio de la PGR, pero administrativamente separada de ella, es por razones presupuestales, por razones de dinero. Los policías federales ministeriales de la PGR cobran más que los policías federales de la Secretaría de Gobernación. 
La suma de todas las fuerzas de policías federales no llegan a 8 mil en toda la república, lo cual es una cantidad raquítica, precaria, insignificante, minúscula y por eso ocurre en este país de 120 millones de habitantes lo que está ocurriendo. A esos 8 mil agentes les compete combatir a la delincuencia organizada, a los 7 grandes carteles que se han dividido el territorio nacional: Los del Golfo, los Zetas, la federación de Sinaloa, el del Pacifico Sur, el de Juárez, el de Jalisco nueva generación y los caballeros templarios que andan por ahí agazapados. Cualquiera de esos carteles tiene más capacidad de fuego que los policías federales. 
Los funcionarios de la PGR lo saben y no desean pelear directamente con los carteles por su inferioridad y tampoco los carteles quieren enfrentar al Estado, pues esto acarrearía un fuerte apoyo internacional al Estado y a la postre los acabaría. Por razones de recíproca conveniencia y de simulación muy propias de nosotos, la PGR y los carteles han llegado al acuerdo "de facto" bajo la tesis de: “No te voy a combatir y menos a investigar, a cambio controla a tu gente para que no haga desmanes, pero si por alguna razón te detienen, pues ni modo, te vamos a procesar"
Este arreglo funciona de maravilla a nivel federal y a nivel local. Ese mismo era el acuerdo de José Luís Abarca con la pandilla de los “Guerreros unidos” enemiga de los “Rojos” ambas pertenecientes a dos carteles enemigos. El acuerdo informal de nuestro sistema de convivencia con los carteles mexicanos se rige por el siguiente: 
DECALOGO
1.- Cualquier delincuente debe arreglarse con quienes lo detienen antes de que sea entregado en las oficinas de la PGR. Si el delincuente es entregado por el ejército entonces nada impedirá que sea consignado ante el Juez de Distrito;
2.- Las oficinas de los agentes federales son intocables para los carteles. Los agentes federales serán respetados en su integridad física por los carteles, siempre y cuando porten su uniforme, pues aquel que no lo utilice será considerado como parte de otro cartel enemigo;
3.- Los agentes federales no deberán intervenir a favor de ningún cártel en las guerras que entre estos se celebren, en momentos de guerra los federales no deben realizar detenciones de la tropa criminal pues están luchando contra otros carteles y no están preparados para arreglarse con los federales;
4.- En caso de que los agentes federales o el ejército intercepten a un comando armado de algún cartel, este deberá rendirse sin disparar, en caso de que disparen entonces podrán ser abatidos sin que por ello existan represalias;
5.- Los agentes federales respetarán y no intervendrán en los acuerdos que los carteles celebren con las autoridades locales, gobernadores, presidentes municipales, policías municipales o estatales o militares de cualquier rango;
6.- Los agentes federales no divulgarán la información que posean sobre los carteles, su estructura, sus mandos, su capacidad de reacción, ni sobre sus zonas de actividades, ni sus rutas para transportar drogas;
7.- Los agentes federales no informarán a las autoridades locales datos que puedan ayudar a estas a descubrir a los autores de los asesinatos relacionados con la guerra entre los carteles o con ajusticiamientos de sus miembros;
8.- Quedan exceptuados de este acuerdo, los asesinatos y secuestros de personalidades socialmente apreciadas, así como las detenciones solicitadas y dirigidas por agentes policiacos de la DEA o de cualquier organismos o policía internacional. En todo caso los agentes federales avisarán, si es posible, a los carteles de estas acciones contra ellos;
9.- Es obligación de los carteles proporcionar mensualmente un cierto número de “chivos expiatorios” o delincuentes menores con amasijos de drogas o armas suficiente en cantidad y cualidad para ser procesados formalmente y mejorar las estadísticas de la lucha contra la delincuencia organizada;y,
10.- Los carteles, a través de sus bandas tributarias otorgarán una compensación anual a las áreas operativas de las autoridades federales que corresponda a su radio de acción. 
Este decálogo entre los carteles y la PGR rige las relaciones entre ambas entidades y permite que una fuerza policiaca tan pequeña pueda mantener la apariencia de un cierto control. En realidad no puede ser de otra forma, pues los recursos de la nación están dirigidos a amamantar a las mas peligrosas organizaciones de la delincuencia en México, la de los partidos políticos y mientras éstos demanden insaciablemente diputaciones, senadurías, regidurías, chambas estatales, federales y municipales, delegaciones, contratos, sinecuras en órganos intermedios y autónomos, INEs, IFEs, IFAIs, CNEEs, etc., un poder judicial de jueces, magistrados y ministros que fingen conveniente sordura y ceguera, y mientras nuestros académicos y profesionales liberales exijan a cambio de su silencio y complicidad chambas, premios y privilegios, pues no habrá dinero suficiente, ni reservas morales para combatir a los carteles, que simplemente son eficientes y no gastan su dinero en parásitos, ni en simuladores.

Por Antonio Limón López
Teoría Política del Estado criminal mexicano. 

UN GOBIERNO ACOBARDADO

México se encuentra inmerso en un profundo pozo de desprestigio, las autoridades nacionales han perdido toda credibilidad ante el pueblo de México, y en sus relaciones exteriores el estado mexicano cumple un papel indigno: el correspondiente a una república bananera. Si lo duda, veremos dos casos de miedo mas alla del decoro
El primero es el episodio de hace unos años, en que la señora Florence Cassez fue liberada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un acto oprobioso, no de injusticia, sino de cobardía, pues las autoridades galas estaban dispuestas a exhibir mundialmente la cloaca del sistema hipercorrupto e ineficiente de la justicia mexicana, si no liberaban a la cautiva. 
No habría necesidad de tanto, ¿Para qué enojarse? La suprema Corte ante el riesgo de ser exhibida mundialmente y quien sabe hasta que punto, inventó un recurso inexistente y sin precedentes para liberar a la criminal francesa, que ahora desde París se mofa de nosotros, mientras sus cómplices mexicanos se pudren en la cárcel… solo por ser mexicanos, que si fueran franceses ya estarían tomando champagne y planeando otro "golpe".
Por desgracia no es el único caso, el 31 de marzo de este 2014 el marino norteamericano Andrew Tahmooressi ingresó a México portando un rifle calibre 5.56, una escopeta calibre 12, y una pistola calibre .45 y más de 400 rondas de municiones, lo ncesario para armar una pequeña revolución o engrosar su cuenta de banco con una bonita suma al vender sus juguetes a la delincuencia mexicana. 
El administrador central de la Aduana de Tijuana comentó a la prensa, en esos días, que las armas encontradas a Tahmooressi no estaban en un contenedor, fuera de alcance, o descargadas, como lo requieren las leyes de California. Incluso en Estados Unidos su conducta habría sido ilícita. "Todas venían envueltas en sus pertenencias, su ropa, y en un cobertor", dijo el funcionario público. 
El rifle fue encontrado atrás del asiento del conductor; la escopeta, en el asiento del copiloto; y la pistola, en un compartimiento de la puerta del conductor, junto con varios cartuchos. Una hora después de ser detenido, llamó al 911 simulando que estaba en ese momento ingresando a México y pidiendo auxilio. 
El mentiroso fue remitido a la Procuraduría General de la República en Tijuana, donde lo consignaron, no había de otra, fue consignado ante el Juez Sexto de Distrito, en su oportunidad se decretó formalmente preso por el delito tipificado en la “Ley federal de armas de fuego y explosivos” que a la letra dice:
“Artículo 83.- Al que sin el permiso correspondiente porte un arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, se le sancionará: I. …; II. ..., y III. Con prisión de cuatro a quince años y de cien a quinientos días multa, cuando se trate de cualquiera de las otras armas comprendidas en el artículo 11 de esta Ley. En caso de que se porten dos o más armas, la pena correspondiente se aumentará hasta en dos terceras partes. ….”
Dos de las armas que portaba Tahmooressi se encontraban catalogadas como de “uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea” por el artículo 11 de dicha ley, como de manera puntual se demostró pericialmente.
La defensa se fundó en tres ejes, el primero en que hubo retraso entre el momento en que fue detenido y en el que fue puesto a disposición del Ministerio Público, el segundo, en el alegato de que Tahmooressi se confundió, pues según su dicho, se dirigía a un restaurante en San Ysidro y se perdió, por lo que cruzó accidentalmente la frontera y por último que no viajó a México para vender sus armas a la delincuencia, pues nunca las dejaría, ya que tiene estress postraumático y se siente cazado por el enemigo, así que siempre anda armado porque teme por su vida.
Tan linda defensa estaba condenada al fracaso, la historia de la llamada al 911 y sus intenciones supuestas de ir armado con el arsenal al alcance de la mano, y las supuestas violaciones menores, así como sus temores no eran suficientes para salir absuelto. En ese caso nadie estaría en prisión por ese delito. 
En Estados Unidos el caso Tahmooressi se convirtió en un evento explotado por los medios de comunicación, los políticos y las celebridades. Una página en Facebook logró conseguir 10 mil firmas, de las 100 mil necesarias para que el Presidente Obama interviniera para liberarlo; Duncan Hunter pidió en el Congreso de California que se organizara una expedición armada para rescatar al marino “que sirvió honorablemente a su país en Oriente Medio y lo menos que merece es que este le corresponda” 
Todos los días decenas o cientos de mexicanos son detenidos con armas “de uso exclusivo del ejército”, y todos van a prisión. Si el procesado es detenidos con solo un arma, es condenado a cuatro años y se le concede el beneficio de la condena condicional, para que pague una multa y salga en libertad, pero Tahmooressi fue atrapado con tres y con municiones, incluso alojadas dentro del armamento, por lo que a los cuatro años se les tendrían que agregar dos terceras parte más, como lo indica el delito ya transcrito, para quedar en seis años, seis meses con lo cual se tendría que quedar a compurgar la pena.
Tahmooressi fue tratado como un privilegiado, no se le pusieron las esposas y tampoco fue trasladado a la prisión del Hongo, a donde se llevan a los procesados por ese mismo delito aun antes de que sean sentenciados. También alegó que temía ser agredido o incluso violado en las prisiones mexicanas. 
Su defensa iba rumbo a una sentencia severa, pero de manera extraordinaria, porque nunca ocurre, ni aun en los casos de inocencia flagrante, el Agente del Ministerio Público presentó conclusiones "no acusatorias", por lo que el Juez debió enviar el expediente al Procurador General de la República, con apego a estos dos dispositivos legales:
“Artículo 294.- Si las conclusiones fueren de no acusación, el juez o tribunal las enviará con el proceso al Procurador General de la República, para los efectos del artículo 295. …. Artículo 295.- El Procurador General de la República o el Subprocurador que corresponda .. resolverán, si son de confirmarse o modificarse las conclusiones. …” 
De esta manera el Juez Sexto de Distrito no tuvo ni siquiera que molestarse en revisar el expediente, pues al formular conclusiones no acusatorias, la fiscalía se desistió de la acción penal. Los jueces son el hierro para los mexicanos y los desistimientos son el privilegio para los extranjeros. ¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo?
Por desgracia esta no es una solución "limpia" sino que es un acto aberrante por parte del Procurador General de la República. Este desistimiento demuestra que México tiene un gobierno timorato y a un procurador acomodaticio y calculador, que se arrodilla ante los poderosos y fustiga sin piedad a sus connacionales. 
Esta cobardía ya natural de nuestras autoridades, desencadena el estado de inseguridad jurídica que padecemos, pues ante cualquier presión nuestro gobierno se doblega y todo mundo ya lo acepta como algo normal

Por Antonio Limón López
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